A partir de una iniciativa de la morenista Martha Lucía Micher Camarena, el Senado se prepara para reconocer la autonomía progresiva y los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes en México, así como para establecer como obligación del sector salud atender “los efectos y consecuencias en la salud generados por la violencia familiar y sexual, y contra las mujeres, adolescentes y niñas”. Además, busca colocar a la anticoncepción como uno de los servicios prioritarios del Estado en materia de salud sexual y reproductiva.
Por tercera ocasión en los últimos seis años, el Senado intentará legislar en materia de salud sexual de los menores de edad con el objetivo, señala la iniciativa, de lograr “la prevención del embarazo adolescente, la permanencia en el sistema educativo y el desarrollo integral de este grupo poblacional”.
En dos ocasiones anteriores, la presión de diversos grupos de la sociedad civil provocó que el Senado frenara el proceso de aprobación de reformas legales que incluían de manera explícita conceptos como el derecho al aborto para menores de edad. Por ello, en esta ocasión la iniciativa evita ese término y se enfoca en la atención de todos los “efectos y consecuencias en la salud generados por la violencia familiar y sexual, y contra las mujeres, adolescentes y niñas”.
La iniciativa, en torno a la cual se realizará esta semana una reunión informativa para explicar sus alcances, establece que es materia de salubridad general “la prevención y atención a los efectos y consecuencias en la salud generados por la violencia familiar y sexual, y la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas”.
Añade que “los servicios en materia de salud sexual y reproductiva dirigidos a las personas adolescentes serán otorgados de conformidad con el principio de autonomía progresiva y el principio del interés superior de la niñez y de la adolescencia”.
Asimismo, plantea modificar el artículo 67 de la Ley General de Salud para estipular que “los servicios de anticoncepción y la planificación familiar tienen carácter prioritario. Su objetivo es prevenir embarazos no intencionales, contribuir al ejercicio y disfrute de la salud sexual y reproductiva, evitar las infecciones de transmisión sexual, reducir el riesgo reproductivo y la mortalidad materna».
Lo que viene
“En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para adolescentes y jóvenes. Para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar y asesorar a las personas para lograr embarazos seguros y ofrecer orientación sobre los procesos de reproducción asistida”, detalla el proyecto que mañana martes abre su primera sesión de discusión, antes de ser analizado formalmente por las comisiones de Salud, Igualdad de Género y Estudios Legislativos del Senado.
La reforma también incluye modificaciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para establecer como parte de sus garantías que las autoridades tengan la obligación de “proporcionar información y evidencia científica, así como libre de prejuicios y discriminación sobre salud sexual y reproductiva y el uso de anticonceptivos, a fin de disminuir el riesgo de infecciones de transmisión sexual, de embarazos y de coerción o violencia». También mandata «prevenir y atender las violencias contra las niñas, niños y adolescentes, así como la orientación, suministro y, en su caso, colocación de anticonceptivos”.
De igual manera, las autoridades estarán obligadas a “garantizar en las niñas, niños y adolescentes el conocimiento del propio cuerpo, incluidos los aspectos anatómicos, fisiológicos y emocionales, así como la salud y el bienestar sexuales con información sobre los cambios que se producen en el cuerpo y los procesos de maduración».
Y garantizar que las niñas, niños y adolescentes, incluso quienes no asisten al sistema escolarizado, tengan acceso a información y educación integral sobre salud sexual y reproductiva, de forma gratuita, confidencial, adaptada a la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales, y no discriminatoria”, estipula.
Finalmente, el documento resalta que “los y las adolescentes podrán requerir tratamiento y servicios confidenciales en materia de métodos anticonceptivos y, en general, cualquier tratamiento que les permita el ejercicio libre, seguro y placentero de su sexualidad, sin fines reproductivos”.
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